¿De quién es la calle?

El control que el Estado quiso ejercer sobre la población llevó a la reorganización de la ciudad en ocho cuarteles mayores, subdivididos cada uno a su vez en cuatro menores. Los primeros estarían a cargo de cinco alcaldes del crimen, del corregidor y de dos alcaldes, y los segundos serían vigilados por 32 alcaldes de barrio. Con esta medida se trataba de retomar y facilitar la recaudación de tributos y de ejercer un control más directo sobre los habitantes.

            Esta reforma del espacio urbano estuvo indisolublemente ligada a una nueva concepción del orden social. La élite y el gobierno virreinal compartían la preocupación por reforzar las diferencias sociales y jurídicas, ya que se pensaba que el origen de todos los males sociales radicaba en el debilitamiento de estas diferencias, en “la confusión de toda clase de gentes.” El buen orden social requería que se establecieran y respetaran espacios diferenciados para lo que se conocía en aquel entonces como “gente de calidad” y los “plebeyos”. Pero, por otro lado, también se veía como peligroso que las clases populares tuvieran diversiones y espacios propios, ya que se creía que éstos fácilmente podrían transformarse en centros de subversión. Por esta razón, las diversas manifestaciones festivas y religiosas que tenían por escenario las calles fueron prohibiéndose paulatinamente. Así, por ejemplo, las ventas callejeras de pulque y comida fueron vedadas. Como consecuencia, las restricciones al grueso de la población para el uso de las plazas y calles de la ciudad de México redujeron sensiblemente su dinamismo y colorido.(3) Así los espacios públicos que en otros tiempos constituían el lugar fundamental donde se desarrollaba la vida cotidiana, se convertían en zonas reglamentadas y exclusivas.

            Entre las numerosas acciones que se llevaron a cabo como parte de este programa, destacan la colocación de azulejos con los nombres de las calles y las plazas, la instalación de alumbrado público, la renovación del empedrado, la recolección de basura, la prohibición de defecar en las calles y banquetas y la limpieza de puestos y vendedores de la Plaza Mayor que decretó el virrey Revillagigedo entre 1789 y 1794, entre muchas otras.

            Desde entonces se impondrán medidas y reformas urbanas encaminadas a dar poder territorial a las élites y someter más decididamente a las mayorías, intentando poner fin a una convivencia que había existido entre los diversos grupos sociales. Además, las trabas sociales creadas por la pertenencia a la clase dominante y el color de piel, en lugar de aligerarse, se hicieron más inflexibles como respuesta a las pretensiones de ascenso de los nuevos grupos criollos que amenazaban el monopolio de la oligarquía.